La operación Muralla está atascada en los juzgados dos años después


La denominada operación Muralla, que finalizó con la detención de una decena de personas vinculadas en su mayor parte con la Diputación Provincial de Lugo, está atascada en el juzgado y la fiscalía dos años después de que fuese llevada a cabo por el anterior fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre. La instrucción discurre muy a cuentagotas, lo que supone una situación complicada para los afectados, a los que la Justicia les retiene las cantidades que pagaron en concepto de fianza. El operativo supuso en su momento un duro golpe para Francisco Cacharro Pardo, presidente por entonces del organismo provincial y quien, aun no siendo imputado, sí se vio salpicado por la gran repercusión mediática de las pesquisas.

Las investigaciones del anterior fiscal pusieron al descubierto dos supuestas tramas en el organismo provincial lucense. Por un lado, la adjudicación de proyectos y dirección de obras a una serie de personas presuntamente vinculadas con un estudio de ingeniería creado por el que en su día fue jefe de Vías y Obras de la Diputación, Senén Prieto Fernández, fallecido hace ya muchos años. Su desaparición no evitó que el estudio siguiese funcionando y realizando los proyectos que, según el ex fiscal de Lugo, conseguían varias personas que fueron detenidas por entender que estaban vinculadas al citado despacho y también al organismo provincial.

Entre los detenidos figuraban el que por aquel entonces era jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación, Alberto Fernández, y su esposa, que presuntamente tendría participación en el despacho técnico. Otra pareja detenida fue la del ex jefe del servicio, José Manuel Romay, y su mujer.

La segunda de las supuestas tramas era la de adjudicación de la instalación de señales de tráfico para las vías provinciales a la empresa Setramur. Fue detenido un funcionario, José Antonio Lázare, y otra persona vinculada a la mencionada firma, Amadeo Sánchez García. Entre la documentación hallada por el fiscal en el domicilio de este último se encontraron, al parecer, documentos que probarían que los detenidos pagaban un 10% de comisión por las adjudicaciones. Las señales colocadas por Setramur aparecían por montones en los cruces de algunas carreteras, especialmente de la zona sur de la provincia lucense.

El gran despliegue realizado por el fiscal y la policía en su momento, que se tradujo en una gran repercusión mediática, contrasta con la situación actual de las diligencias previas, casi aparcadas por momentos. Resulta cuando menos significativo el hecho de que un asunto en que la Fiscalía puso todo el empeño hace tres años no figure ahora como prioritario, al menos aparentemente, para el fiscal jefe, Jacinto Fernández Villalvilla, reacio a hablar del caso. Según algunas informaciones, tiene en sus manos desde hace dos meses el asunto relacionado con las adjudicaciones a Senén Prieto. El de Setramur, de mucha menor entidad, también está pendiente.

La última vez que quiso hablar del tema fue hace varios meses. Dijo que había pedido una serie de diligencias y descartó que el caso fuese a acabar arrinconado en un cajón a la espera de que transcurriese el tiempo necesario para su prescripción.

Fuentes judiciales hicieron referencia a las múltiples complicaciones a las que tuvo y tiene que hacer frente la jueza instructora como consecuencia de la complejidad del tema. Hay miles y miles de documentos almacenados en una estancia de los sótanos de los juzgados, y muchos tendrían que ser revisados por personal técnico, especialmente los referidos a cuestiones contables. Sin embargo, las peticiones planteadas a varios equipos técnicos fueron rechazadas. «Al ritmo que lleva no estará acabado ni en diez años», dijo ayer sobre el caso un abogado.

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