Galicia tendrá un diputado menos en el Congreso tras las próximas elecciones generales de marzo. La explicación oficial es la disminución de la población en porcentaje sobre el total nacional, a pesar de que el censo de votantes gallegos ha crecido respecto al 2004. De hecho, según los datos expuestos ayer por el BNG en el Senado ante el ministro de Interior, si se tuviera en cuenta el censo y no la población, Galicia no solo no perdería representación, sino que ganaría cinco escaños. La desaparición de un escaño en A Coruña en el 2008 dejará en 23 los diputados gallegos. En 1993, Galicia tenía 27. Primero fue Ourense, en 1993, la que perdió uno. En 1996, Lugo pasó a elegir a cuatro y no los cinco asignados desde el inicio de la democracia. Y en el 2004 le tocó el turno a Pontevedra, que pasó de ocho a siete. Lo paradójico es que Galicia perderá un diputado en el 2008, cuando su censo electoral, lejos de disminuir, ha aumentado en 7.347 personas desde el 2004. La explicación está en que la ley reparte el número de diputados de cada provincia en función de su población, y no de las personas con derecho a votar. Esta normativa supone que todos los inmigrantes que viven en Galicia son tomados en cuenta a la hora de repartir los escaños del Congreso, a pesar de que ninguno de ellos tiene derecho a votar en las generales. Y, a la inversa, los más de 150.000 gallegos que viven en el extranjero y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no son tenidos en cuenta para repartir los escaños aunque votan en todos los comicios. Esta contradicción fue esgrimida ayer por el senador del BNG Francisco Jorquera para exigir al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, una reforma de la ley electoral. Jorquera destacó que la normativa actual provoca «una enorme distorsión del principio de proporcionalidad establecido en la propia Constitución» y recordó que el propio secretario de Organización del PSOE, José Blanco, es partidario de la reforma. El senador del BNG acusó al Gobierno de ho haber hecho «nada a lo largo de esta legislatura para modificar esta situación». Aseguró también que el PSOE utiliza la necesidad de consenso «como una coartada para encubrir su falta de voluntad política para acabar con este fraude democrático». Por ello advirtió de que si no se reforma la ley, el BNG concluirá «que se está haciendo un uso espurio y antidemocrático de los emigrantes, que solo interesan para ser utilizados como mercancía electoral por los partidos que manejan las redes clientelares». «No quiero pensar que si Andalucía perdiese escaños a pesar de incrementar su censo sí que harían la reforma», concluyó. Debate «pertinente» La acusación pareció doler a Rubalcaba, que tachó de «infantil» a Jorquera por preguntar el motivo de la pérdida de un escaño cuando conoce la causa. Por ello, dijo que no iba a caer en la «trampa» y retó al BNG a plantear un debate parlamentario sobre la cuestión. Aseguró que el Gobierno ha trabajado en esta legislatura para depurar el CERA. Y, respecto al debate sobre la reforma de la ley electoral, admitió que puede ser «pertinente». «Pero hagámoslo bien y entre todos para no hacernos trampas en el solitario», remató Rubalcaba.