Creó en 1986 un gabinete de asesoramiento a las corporaciones, pero no tiene una unidad que coordine dichos servicios ni medios personales específicos para tal fin. Como la de Ourense y Pontevedra, no presentó la obligatoria memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. Carecía en el ejercicio analizado de funcionario alguno de habilitación con carácter nacional para prestar servicios en los ayuntamientos que no contasen con secretario general o interventor. No presta ningún tipo de asistencia económica a sus municipios, ni tampoco informática, pese a haber firmado con la Xunta un convenio de ayuda para adquirir licencias de programas de contabilidad. Destina 36 funcionarios a recaudación y cobra el 6% de lo ingresado y todo el recargo de apremio, costas e intereses.