vilagarcía | El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, César del Pozo, dejó bien claro el pasado fin de semana que el organismo del que es responsable investigaría la espinosa confección de las listas del Partido Popular vasco si quienes han sido incluidos en este proceso sin su autorización presentaban las correspondientes denuncias. Pues bien, ayer se formularon las dos primeras. Una de ellas, la de una vecina de O Grove que fue incorporada a la candidatura conservadora de Muskiz, ante la propia Fiscalía. La segunda, también de una joven del municipio arousano, ante los juzgados de Cambados. Ambas fueron remitidas, asimismo, a la Agencia Española de Protección de Datos.
En el texto de una de las reclamaciones, la afectada relata cómo recibió con sorpresa una carta de agradecimiento de la presidenta del PP en Euskadi, María San Gil. «En ningún momento la aquí denunciante, que ni siquiera es militante del PP, dio autorización alguna ni para la utilización de sus datos, ni para formar parte de ningún tipo de lista electoral, ni de ninguna forma manifestó, como se dice en la citada carta, ''compromiso'' alguno con el PP», asegura la ciudadana grovense, para a continuación describir la sensación que este descubrimiento le ha producido: «Evidente inquietud y zozobra, e incluso miedo, no sólo por haberse falseado mi voluntad, sino por haber utilizado mis datos personales sin mi consentimiento en lo que parece ser, por la existencia de otros casos, una conducta organizada».
Como quiera que el propio PP del País Vasco ha explicado que participar en la confección de sus listas exige la presentación de una copia del documento nacional de identidad y una autorización firmada personalmente por el interesado, la reclamación se detiene en todos aquellos artículos de los Códigos Penal y Civil que versan sobre la falsificación de documentos y la revelación y difusión de datos. Dada la relación laboral que ambas denunciantes mantienen o mantuvieron con el Concello de O Grove cuando el PP aún lo gobernaba, las denuncias señalan a los funcionarios que pudieron tener acceso a sus DNI. Lo hacen a efectos de la investigación, «sin que se pueda imputar la autoría de tales hechos a ninguno de ellos».
Petición de indemnizaciones
El recurso no sólo a la vía penal, sino también a la civil, abre para los afectados la posibilidad de percibir indemnizaciones a raíz de los daños y perjuicios provocados por esta insólita situación, que afecta por el momento a nueve ciudadanos de O Grove y a dos de A Illa de Arousa.