Es saludable que los líderes de los dos partidos más votados en Galicia se citen para buscar puntos de encuentro en algo que ellos mismos insisten que es trascendente: la reforma del Estatuto. Tampoco es tan inusual, pues hasta Fraga almorzaba con Beiras. Claro que cuando el ex presidente se reunía con la oposición, ningún miembro de su Gobierno le hacía contraprogramación, como ocurrió ayer con Quintana. En una actitud legítima pero que se explica sólo en un movimiento táctico para no apearse del foco convocó micrófonos a su alrededor para contradecir al presidente de la Xunta en los plazos de la reforma e insistir en que debe ser un estatuto de «nazón». Y es que este juego es cosa de tres, porque un pacto suficiente en votos entre el PP y el PSOE sería insuficiente para mantener la estabilidad del bipartito. Pero no fue Quintana quien chafó la reunión de ayer, sino el vicepresidente económico de Zapatero. Solbes insistió en que los próximos estatutos que lleguen al Congreso no pueden fijar la inversión del Estado en cada territorio. Una obviedad que el vicepresidente dice ahora, pero que su presidente toleró que se fijase en los estatutos de Cataluña y Andalucía. Si España fuera un país serio con un Estado que fomenta la cohesión, Pedro Solbes tendría que irse del Gobierno o Zapatero pedir perdón y buscar una fórmula que derogue las exigencias inversoras de catalanes y andaluces en sus respectivos estatutos.