El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ha decretado la puesta en libertad de ocho de los diez detenidos en una operación contra la distribución de pornografía infantil por Internet. Todos ellos, salvo un vecino de Vitoria, deberán comparecer todos los días 1 y 15 de cada mes ante un juzgado. Los otros dos arrestados son el considerado policialmente como cabecilla de la organización, que permanece desde su detención el 18 de enero en la prisión pontevedresa de A Lama, y un residente en la localidad ibicenca de San Antoni de Portmany. Este último, según recogieron medios de comunicación locales, «fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, juzgado que ordenó la puesta en libertad con cargos del sospechoso». Apuntan, asimismo, que el organismo judicial ibicenco se inhibió en favor de su homólogo pontevedrés. De este modo, este hombre de 30 años y casado ha quedado a disposición del juzgado de instrucción de la ciudad del Lérez. Todo parece indicar que el fiscal no se opuso a la puesta en libertad al entender que el riesgo de fuga es mínimo. A diferencia de la última operación de estas características coordinada por el juzgado de Caldas de Reis, la Fiscalía pontevedresa está estudiando la posibilidad de que la causa abierta no se divida en diferentes procedimientos. Esta resolución conllevaría que el ministerio público considerara a los arrestados integrantes de una organización delictiva. Tal calificación, a la vista del Código Penal vigente, implicaría por sí misma un agravante si en un futuro son considerado autores de un delito de distribución de pornografía infantil. La siguiente fase de la operación Tabú consistirá en un análisis pormenorizado del contenido de los discos duros de los ordenadores intervenidos por la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil de Pontevedra. Los agentes del instituto armado elaborarán posteriormente informes que serán utilizados por el ministerio público para sostener las imputaciones si las hubiere.