La presión social llevó a muchas personas a engancharse al tabaco, y la presión social les obliga ahora a abandonar su hábito o restringirlo a la esfera privada
01 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Miles de personas se han levantado hoy más malhumoradas que de costumbre. Hace 24 horas que entró en vigor la ley antitabaco, y por primera vez no podrán fumar en sus puestos de trabajo. Están obligadas a abstenerse por la fuerza y no entienden por qué el Estado tiene que inmiscuirse en sus costumbres privadas. Ellos se sienten víctimas de la intolerancia, pero los demás (los que no fuman) los ven como los malos de la película. ¿Quién está en lo cierto? Los fumadores tienen razones para sentirse violentados. Empezaron a fumar allá por los trece o los catorce años, y, en contra de lo que ellos piensan, no fue por propia voluntad, sino empujados por una enorme presión social que les obligaba a pasar la prueba para abandonar la niñez e ingresar en el mundo de los adultos. Y lo hacían enfrentándose, incluso, al criterio de sus padres, que, aunque fuesen fumadores, sabían que nada bueno les iba a aportar. Ahora, la presión del entorno ha cambiado radicalmente, y lo que antes era una prueba de madurez, pasa a ser una conducta asocial, que provoca el rechazo de toda la población no fumadora. Con esos mimbres, pocas razones tenía el Estado para mantenerse indefinidamente al margen. Si una de sus atribuciones legítimas es velar por la salud pública, tenía que actuar. Si está obligado a eliminar la presión sobre los niños para que no se vean forzados a pasar la prueba del tabaco, tenía que actuar. Y si la percepción social se ha invertido, tenía que actuar. Sin embargo, no es fácil de entender por qué no controló antes a las tabaqueras, que incrementaron las sustancias adictivas en los cigarrillos. O por qué permite que las industrias contraataquen ahora con marcas a precios muy baratos para continuar estimulando el consumo. Y, sobre todo, por qué no actúa contra otras fuentes de contaminación ambiental mucho más graves que afectan a la salud de todos y al propio equilibrio del planeta. Pero, en fin. No se puede negar que el Estado tiene derecho a proteger la salud pública y a restringir el tabaco al ámbito privado. Digo esto muy apenado, mientras enciendo en casa mi penúltimo cigarrillo.