Jesús Palmou descalificó ayer el proyecto anunciado por el Ministerio de Interior para la puesta en marcha de un laboratorio de ADN en A Coruña. El titular autonómico de Xustiza, que firmó un convenio de colaboración por importe de 120.000 euros con el Instituto de Medicina Legal, afirmó que «sería un derroche e unha estupidez crear un servizo que xa existe», sobre todo, añadió, si se tiene en cuenta la labor «de prestixio nacional e internacional» atribuida a este centro de investigación de la Universidade de Santiago. Policía Autonómica El conselleiro de Xustiza aclaró que la Xunta desconoce el proyecto del Ministerio de Interior y lamentó que el ministro, desde su toma de posesión, aún no convocó una reunión para hablar sobre la Policía Autonómica. Palmou insistió «na absoluta confianza» de la Xunta en el centro compostelano y en su disposición a seguir contando con su asesoramiento. De hecho, en el convenio suscrito ayer se especifica que este instituto realizará «actividades de asistencia técnica á Administración de Xustiza en Galicia que comprenderán, ademais do asesoramento técnico no campo da patoloxía forense e da clínica médico legal, a realización de probas de investigación de paternidade e de investigación xenética derivadas de expedientes acollidos ao beneficio da xustiza gratuita, así como as acordadas de oficio pola autoridade xudicial ou a instancia do ministerio fiscal en procesos penais». Las funciones anteriores se completan con análisis biológicos, clínicos, de toxicología y criminalística que soliciten la autoridades judiciales y los médicos forenses. Estudios de Criminología El conselleiro de Xustiza también firmó otro convenio con la Universidade de Santiago y el Centro de Estudos Xurisdiccionais e de Seguridade Pública (Cexdega), para desarrollar el título universitario de Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública que se impartirá a partir del próximo curso. Este título, al que tendrán acceso directo policías locales y autonómicos, equivaldrá a una diplomatura universitaria a efectos de permitir el acceso a cuerpos, escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo ingreso está condicionado a la posesión de una diplomatura, o título equivalente.