La Xunta rechaza las críticas vertidas por algunas cofradías, que la acusan de obstaculizar la gestión de los pagos por los daños producidos en el 2004
02 may 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Han pasado ya dos años y medio, pero el Prestige sigue de actualidad por ser todavía una buena arma arrojadiza en la batalla política. La excusa para el último episodio de esta guerra sorda surge por las ayudas promovidas por el Gobierno para compensar las pérdidas de pescadores y mariscadores durante el 2004. La cuantía de estas indemnizaciones, su oportunidad y los criterios de adjudicación han dado lugar a sucesivas polémicas protagonizadas por el Gobierno, la Xunta y las cofradías. El decreto sobre compensaciones por pérdidas ocasionadas en el 2004 data del 11 de marzo de este año. El texto fue elaborado por el Gobierno central sin contar con las comunidades autónomas, según denuncia el secretario xeral de la Consellería de Pesca, Miguel López Sieiro, quien afirma que «la Xunta se enteró del contenido por el BOE ». . El decreto establece claramente que el pago de las compensaciones corresponde al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Economía y Hacienda. El papel de la Xunta se limita a proporcionar la información requerida, algo que, según López Sieiro, se hizo con celeridad. Por eso, en la Consellería de Pesca no se entienden las críticas de algunas cofradías, que aseguran que el Ejecutivo gallego ha obstaculizado la tramitación de las ayudas. «Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, incluso más allá, al asesorar al Consorcio de Compensación de Seguros para peritar los daños; no tiene sentido acusarnos de algo en lo que la Xunta no tiene ni arte ni parte», explica López Sieiro. Beneficiarios. Hasta el 31 de marzo, podían reclamar compensaciones los profesionales del sector pesquero que dispusieran de permiso de explotación durante el 2004. Esto plantea ciertos problemas para algunas categorías de afectados, como lo marineros que no sean titulares de este derecho, aunque se estima que las ayudas podrían beneficiar a unas 20.000 personas. El problema es que los afectados deberán demostrar que las pérdidas (o la caída de las ganancias) sufridas en el 2004 son un efecto directo e inequívoco del accidente del Prestige . Algo «muy difícil de demostrar», según el secretario de la Consellería de Pesca, sobre todo para un periodo de un año. Cuantía. ?a suma total presupuestada para las ayudas es de 3 millones de euros, una cifra que la mayoría de los profesionales consideran insuficiente (si los 20.000 aspirantes potenciales las percibieran, les corresponderían 150 euros a cada uno). La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sugerido que se podría incrementar la cifra, después de haberlo negado tajantemente el mes pasado.