El Ejecutivo demora la negociación con cajas y bancos gallegos para que participen con al menos 54 millones El primer tramo tiene una media diaria de 3.700 usuarios, aunque se preveían 6.000.
22 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La Xunta ha obtenido el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para recibir un préstamo por 90 millones de euros (la mitad de los 180 estimados para la obra) que le permitirá completar el trazado de la autopista Santiago-Ourense en su fase definitiva, entre el Alto de Santo Domingo (Dozón) y la localidad ourensana de Barbantes. El Gobierno autónomo tiene atado ese aval de la entidad comunitaria, pero aún no ha concretado qué instituciones financieras gallegas participarán en la sociedad pública que ejecutará los 31,8 kilómetros finales de la A-53. La Administración gallega ha aplazado las gestiones con las cajas y bancos de la comunidad hasta que se inicie la fase de redacción del proyecto y constitución de la sociedad pública que lo ejecutará. Según los cálculos de la Xunta, esas entidades aportarán entre 54 y 63 millones. El resto del capital necesario, entre 27 y 36 millones (la cifra dependerá de la contribución de las entidades financieras), saldrá de las arcas públicas de la comunidad. Un ahorro de 36 millones Pese a esta contribución, el Ejecutivo calcula que este modelo de financiación le permitirá ahorrar 36 millones. La Xunta ha tenido que habilitar esa fórmula ante el desinterés de Fomento por completar el trazado. El ministerio, que colabora en la primera fase del proyecto con un préstamo participativo de 60 millones (la Xunta aporta una subvención por otros 60), justificó su desmarque de la segunda parte en el escaso volumen de tráfico entre Lalín y Ourense. Sin embargo, tampoco el primer trazado del vial entre Compostela y Silleda, en servicio desde diciembre, ha alcanzado la densidad circulatoria prevista. La concesionaria (Autopista Central Galega) cifra el tráfico en los primeros 33,6 kilómetros en 3.700 vehículos diarios, cuando esperaba 6.000 usuarios de pago sobre los 11.000 que usaban la N-525 en ese trazado. Así, 3.700 vehículos abonan peaje y 7.300 siguen utilizando la carretera. Por vez primera, la Xunta recurrirá a dos modelos distintos (privado y sociedad pública) para financiar 88 kilómetros de autopista. La sociedad pública, con la participación del BEI y otras entidades financieras, será el cuarto modelo empleado por el Gobierno gallego para ejecutar infraestructuras. El Ejecutivo ya constituyó una sociedad pública, entonces al 50% con ENA, para la autopista Vigo-Baiona. En la que une A Coruña y Carballo contó con un aporte de Audasa del 15%. Fraga acuñó entonces la «fórmula gallega». Y para la primera fase de la A-53, la Xunta implantó un sistema privado, con presencia de las cuatro constructoras y tres concesionarias, y de tres cajas de ahorro (Caixa Galicia, Caixanova y Caja Madrid).