El contratista de Monforte acusado de matar a tiros hace dos años en Las Palmas a dos constructores de Sober se enfrenta a una petición fiscal de 32 años de cárcel. El juicio por el conocido como crimen de Telde se celebró ayer en la Audiencia de Las Palmas. Un jurado popular decidirá si José Mosquera actuó o no con conciencia plena de lo que hacía. El acusado se entregó voluntariamente en agosto del año 2000 en la comisaría de policía de Telde, un municipio próximo a Las Palmas, después de haber disparado contra José Ernesto Rodríguez Díaz y Antonio Pérez Pérez. Las dos víctimas eran propietarios de una empresa de construcción con sede en Monforte y trabajaban desde hacía meses en diferentes promociones inmobiliarias en la isla de Gran Canaria. Ambos eran naturales de Sober, un municipio de la comarca de Monforte, y mantenían una larga relación profesional con su presunto asesino. El abogado de José Mosquera alegó en el juicio que su defendido actuó en legítima defensa y en medio de una acalorada discusión por el pago de unas supuestas deudas. Como atenuante citó el hecho de que el acusado, que trabajó durante años como agente del Cuerpo Nacional de Policía, se presentó voluntariamente en la comisaría más próxima al lugar del suceso. La acusación particular, ejercida por los familiares de los dos muertos, solicita para José Mosquera condenas que suman cuarenta años de cárcel. En el medio, el ministerio fiscal propone que le sea impuesta una pena de 32 años y medio de reclusión. El juicio se inició ayer a las doce de la mañana y fue suspendido para la jornada de hoy después de tres largas horas en las que se presentaron pruebas periciales ante el tribunal, y en las que comparecieron varios testigos que se encontraban en el lugar de los hechos en agosto del año 2000. José Mosquera fue encarcelado por orden del juez que le tomó declaración tras el crimen. Desde entonces está en prisión preventiva en la cárcel tinerfeña del Salto del Negro. El acusado tenía sesenta años de edad en el momento de producirse el suceso, por lo que aún le faltan ocho para alcanzar los setenta, la edad límite para continuar en prisión.