El narcotráfico está considerado como una de las actividades delictivas más lucrativas del mundo por las ingentes plusvalías que genera. Pero, paradójicamente, la consiguiente actividad represiva es un negocio ruinoso para los Estados más directamente afectados por ellas. La Justicia impone multas multimillonarias a los narcos, pero éstas casi nunca se cobran, porque de lo primero que se preocupan los detenidos es de acreditar su insolvencia. La única vía práctica que le queda a los Estados para resarcirse es el decomiso de los bienes obtenidos a costa de la droga. Pero la realidad suele ser distinta. Los barcos, vehículos y otros bienes confiscados suelen pudrirse antes de que concluya el proceso judicial que permita su enajenación definitiva. Dicen que para resolver este problema hace falta reformar las leyes, pero la experiencia cotidiana no confirma esta aseveración. Sin ir más lejos, el juez de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín, con las actuales leyes en la mano, acaba de sacar a subasta los barcos confiscados con droga el año pasado. Y es que la legalidad vigente permite la enajenación de bienes incautados antes de se dicte una sentencia firme. La ley sólo exige que se trate de objetos perecederos que sufran una depreciación por el transcurso del tiempo. Incremento inusual del patrimonio También se pueden enajenar de forma anticipada los bienes cuya conservación resulte peligrosa para la salud y la seguridad públicas. A partir de ahí, la voluntad del juez juega un papel clave en el proceso. Más complicado resulta echar mano de los indicios para actuar cuando se observe un incremento inusual del patrimonio en personas no imputadas por narcotráfico.