La fuga del narco ha hecho aflorar todas las miserias del sistema judicial y penitenciario
29 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.N Carlos todo comenzó en la adolescencia con un cuadro maníaco...». La pluma del psiquiatra Ángel Lebreros, expedientado por Instituciones Penitenciarias por incompatibilidad profesional, empleó todos los trucos de la sintaxis para presentar a un auténtico candidato al camposanto. Al borde del suicidio, sólo cabía poner en libertad a Carlos Ruiz Santamaría, el Negro. Poco importaba que pocas semanas después debiera sentarse en el banquillo para hacer frente a una pena de 60 años de cárcel. Nunca tres folios firmados por un anónimo médico darían tanto que hablar. Y que reflexionar. Y es que hay que agradecerle al supuesto embajador de los cárteles colombianos en España la escalofriante radiografía que, gracias a su fuga, se está revelando día a día del sistema judicial. Sobre el psiquiatra que firmó su salvoconducto pesa una sospecha de soborno. Sobre los jueces de la Sección Cuarta que decidieron excarcelarlo, Carlos Cezón, Juan José Lopez Ortega y Carlos Ollero, se cierne una acusación de prevaricación, el más grave delito que puede cometer un magistrado. Y la Justicia resulta que ha degenerado en dos bandos de magistrados apostados en el Consejo del Poder Judicial dispuestos a convertir la fuga en un ajuste de cuentas. El sector progresista adivina incluso la injerencia del propio Gobierno, que estaría ejercitando su particular venganza por la actuación de la Sección Cuarta en los sumarios de terrorismo. Ni la Interpol se libra del escándalo. Su particular granito de arena consistió en cursar tarde la orden internacional de detención contra el supuesto narcotraficante. Pero, ¿quién es Ruiz Santamaría? No se sabe si es mejicano o colombiano. Si es un capo o un peón. Si está o no en España. Sólo se sabe que tiene 38 años, que espera un hijo, que su último rastro se perdió en unos grandes almacenes de Madrid... y que su rostro tiznado, del que afloró su apodo, se ha convertido en la cara más siniestra del sistema judicial y penitenciario español.