LAS CLAVES DEL PROYECTO
02 oct 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El PP comenzó esta legislatura con el compromiso de presentar una nueva ley universitaria. Toda la comunidad académica y los partidos políticos coincidían en que hacía falta una reforma que superase los fallos de la Ley de Reforma Universitaria, de 1983. Pero la polémica ha saltado con ciertas medidas que incluye la ley defendida por la ministra de Educación, Pilar del Castillo. Las más discutidas son éstas. Rector. Se le obligaba a dimitir en seis meses y convocar nuevas elecciones en las que también se renovaría el Claustro. Ahora, el PP anuncia que propondrá mantener en su puesto a los rectores, pero que los demás órganos de gobierno colegiados pasen por las urnas. Además, el rector pasa a ser elegido por sufragio universal directo. Consejo Social. Se modifica la composición de este órgano, cuya finalidad es la de control y participación de la sociedad en el gobierno de la universidad. Aumentan sus competencias para supervisar la actividad económica y el rendimiento de los servicios. El proyecto de ley reduce la participación en el Consejo Social de los miembros de la comunidad académica, el rector no tiene voto y los estudiantes carecen de representación. Profesorado. Con la finalidad de combatir la endogamia, se crea un examen estatal o «habilitación» que deberán superar todos los que quieran optar a una plaza docente fija. Sin embargo, oposición y Conferencia de Rectores rechazan la idea, por considerarla «un modelo rescatado del pasado, que pretende ajustar el número de habilitados al número de plazas convocadas; una medida insólita en nuestros días e inimaginable en los países de mayor desarrollo». Otra crítica al proyecto es que impide contratar a profesores ayudantes que se encuentren ya vinculados al centro universitario. Agencia de Calidad. La ministra anuncia como una gran medida para la calidad la creación de una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, pero los rectores advierten que actuará con un «modelo centralista» y critica que esté en manos del Gobierno, en lugar de ser independiente de las administraciones públicas. Financiación. El proyecto de ley deja todos los gastos en manos de las comunidades autónomas, a quien compete la gestión de las universidades. El Gobierno sólo se compromete a aportar dinero extra para lo que considera nuevo: la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y la puesta en marcha del sistema estatal de habilitación para los candidatos a profesor universitario.