Los investigadores gallegos que han publicado su estudio en el CIS consideran que el modelo encajará cada vez mejor a medida que los electores voten por la gestión y los gobiernos autonómicos aumenten sus competencias. «La limitada corresponsabilidad y autonomía fiscal, así como el protagonismo secundario de numerosas haciendas autonómicas en comparación a las decisiones públicas tomadas en el ámbito estatal y local», son las principales causantes del escaso peso de las decisiones económicas en los votos. Pacto de financiación autonómica Este lastre para el voto económico empezará a romperse el año próximo. El pacto de financiación autonómica firmado el 27 de julio entre el Gobierno central y las 15 autonomías del régimen general (todas excepto País Vasco y Navarra) otorgará a la Xunta autonomía financiera sobre el 61% de su presupuesto y capacidad para tomar decisiones de política fiscal en impuestos como el IRPF, IVA, carburantes, alcohol, matriculación, electricidad, contaminación, agua, sucesiones, juego o transmisiones patrimoniales. Ignacio y Santiago Lago Peñas consideran que su investigación permitirá predecir los votos de la Xunta y demás gobiernos autonómicos una vez conocida la evolución de las principales variables económicas en cada autonomía. La única condición para ello es que no se produzcan «otros factores políticos más relevantes que la evolución de la economía, como dimisiones, rupturas de partidos, corrupción, pactos, etc.», indica Ignacio Lago.