El Tribunal Superior declara ilegal que no se renovara el contrato a una profesional de la Brilat embarazada El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia censura en una sentencia la pasividad de las Fuerzas Armadas por no impedir la persecución de que fue objeto la cabo profesional Ana María Santos Jiménez por parte del comandante de su unidad, perteneciente a la Brilat acuartelada en Figueirido (Pontevedra). El tribunal también ha declarado ilegal que el Ministerio de Defensa no renovase el contrato a Ana María, que se encontraba embarazada, porque, salvo el informe negativo emitido por el citado comandante, todos los de sus mandos anteriores le eran favorables y contaba con una extraordinaria hoja de servicios.
30 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Ana María Santos había ingresado en el Ejército el 1 de septiembre de 1993 y su compromiso finalizaba el 31 de agosto de 1997. En marzo de ese año solicitó la renovación del contrato por dos años más, pero cual no sería su sorpresa cuando le comunicaron que no se le prorrogaba ante el informe desfavorable de su jefe de unidad, el comandante Juan Sanmartín Otero. El Tribunal Superior considera paradójico que Defensa no tuviera en cuenta el extenso currículo de Ana María, que califica de brillante, y que corrobaron sin excepción todos sus superiores, y se inclinara por el informe del jefe de unidad. Los magistrados se muestran sorprendidos de que hayan tenido que ser ellos quienes descubrieran la verdad del comportamiento del comandante con su subordinada cuando, por razones de proximidad, le correspondería a las Fuerzas Armadas, máxime, cuando Ana María había denunciado las «aborrecibles actitudes» mantenidas contra ella por el comandante. Según el tribunal, «la triste verdad» fue la persecución sufrida por Ana María por parte de su comandante, a raíz de haberse quedado embarazada. La sentencia asegura que tal afirmación no es gratuita, ya que ha sido corroborada por las declaraciones de sus compañeros ante el tribunal. «Albóndiga» Ninguno dudó en sostener que el comandante Sanmartín Otero la llamaba «albóndiga» o «albondiguilla» y le obligaba a desempeñar tareas contraindicadas para su estado, poniendo en peligro su salud y la de su futuro hijo. La sentencia no acuerda la incorporación de Ana María Santos Jiménez, porque la sala desconoce si el Ejército está en condiciones de hacerlo o si la mujer tiene el mismo interés que entonces. Lo que sí hace el Tribunal Superior es condenar a Defensa a indemnizarla por los dos años que no le renovó y resarcirla, además, del daño moral sufrido.