Veinte años después de Vilaboa, Fernández Lores y Rafael Louzán auspician una planta de compostaje de basuras mientras el PSOE se propone acaudillar las protestas
17 ene 2015 . Actualizado a las 20:54 h.El tratamiento y recogida de las basuras se ha convertido en un arma arrojadiza que los políticos usan sin rubor y según les cuadra pese a que eso pueda conllevar que incurran en flagrantes contradicciones. En lugar de afrontar este asunto del «lixo» como una cuestión de municipio, de provincia o de autonomía, lo que implicaría dosis de negociación y de generosidad para llegar a acuerdos estables y sólidos frente a los avatares de las urnas, asistimos a todo lo contrario. Básicamente se resumiría con el refrán Donde las dan, las toman.
Esto es exactamente lo que está pasando con el proyecto de planta de compostaje de basuras que Lores y Louzán auspician para la ciudad de Pontevedra, en una acción conjunta que se sustenta en un extraño maridaje de intereses pero que también genera a su alrededor notables y contradictorias discrepancias y puede que, algún amago de divorcio.
La Historia es terca. «Y ama las paradojas», según escribió Bertolt Brecht.
Quizás recuerden que apenas hace dos décadas se planteaba otro proyecto, el de la empacadora de basuras en Vilaboa, a orillas de la carretera N-550 y de la vía férrea. El emprendimiento era promovido por la Xunta de Galicia, a través de Sogama, con el conselleiro José Cuíña y el propio Manuel Fraga, titular del gobierno autonómico, como principales valedores.
El Concello de Vilaboa que entonces tenía alcalde del PP, el empresario Enrique Fernández, apoyaba el planeamiento para lo que habilitó y calificó terrenos entre Bértola y Figueirido.
La empacadora que se iba a situar a las puertas de la capital no fue desafiada por el gobierno municipal de Pontevedra, el último que ha presidido un alcalde de derechas. Entonces Juan Luis Pedrosa tuvo que hacer -a regañadientes- causa común con la superioridad. Uno de los muchos errores estratégicos que lastraron la buena gestión que venía haciendo Juan Luis en sus dos primeros años de mandato y que llevaron al PP a perder el gobierno de la ciudad.
El BNG movía a la calle
Fraga, Cuíña, Diz Guedes y demás se toparon con una fortísima oposición vecinal jaleada por el PSOE y sobre todo por el BNG, que entonces movía la calle a placer con su red de organizaciones satélites y sus ramificaciones en asociaciones vecinales y comunidades de montes.
Y así surgieron las «crucifixiones» a pie de carretera, las movilizaciones por doquier, los sabotajes de actos electorales del PP (antecedente de los actuales «escraches») y la megamanifestación del 5-J (5 de junio de 1998) que sacó a 30.000 pontevedreses a las calles y predispuso el varapalo electoral que recibió el Partido Popular en los comicios locales de 1999.
El revés que sacó a Pedrosa y a Fernández de las respectivas alcaldías, colocando a los nacionalistas Lores y Míguez supuso la muerte por asfixia del proyecto de la empacadora de Vilaboa, ya que la Xunta terminó desistiendo ante la rotunda oposición vecinal que se vio reforzada con la alianza de los concellos.
Veinte años después se escribe otro guion con algunos protagonistas de antaño, otros nuevos, y un reparto de roles bien diferente.
Dos décadas después de Vilaboa, un alcalde del Bloque pacta con un presidente de Diputación del PP, impulsar una planta de tratamiento de residuos orgánicos. Un capítulo más de las ententes que ha protagonizado esta extraña pareja.
Después de meses de búsqueda y tanteos entre diversas parroquias que sumaron varias negativas, se acaba de anunciar que A Canicouva será la destinataria del emprendimiento. Una de las zonas más deprimidas y despobladas del cinturón rural de la capital y feudo electoral del BNG, que arrasó allí en 2011.
La comunidad de montes explicó que aceptan meter en sus montes una planta de basuras por que la «vaga de lumes» de 2006 les dejó sin el sustento de la madera. O sea, es por dinero. El canon anual fijo por la cesión de diez hectáreas más el variable por tonelada de basura tratada y otros ingresos podrían reportar 50.000 euros por ejercicio. Ahora multipliquen por los treinta años de la cesión y estimen que A Canicouva apenas tiene 250 habitantes según el último censo municipal.
Rechazo vecinal
A diferencia de lo ocurrido hace dos décadas, el rechazo vecinal será el que ya se anuncia de otros núcleos de población cercanos, en concellos colindantes como Vilaboa y Ponte Caldelas que ya se han revuelto. Y con ellos sus alcaldes, el socialista Poceiro y el popular Rodríguez.
En el PP, salvo que Louzán toque a rebato, también el candidato pontevedrés Moreira recela de este proyecto que hasta ahora considera contaminado por las controversias.
No obstante la principal oposición vendrá desde el PSOE, dispuesto a guerrear en todos los ámbitos por los perjuicios que entiende traerá esa planta.
El tono de la comparecencia de ayer de Louro y Tino Fernández fue muy duro. Acusaron a Lores de traicionar al electorado por respaldar ahora lo que batalló enconadamente hace 20 años. Describieron a un alcalde mentiroso y soberbio que ya no escucha a la ciudadanía.
Los socialistas pontevedreses van a utilizar esta veta para desgastar al indudable favorito para los comicios de mayo. Pero a ver cómo hacen para resultar convincentes mientras en paralelo sigan compartiendo alcoba con el BNG en los cinco meses que restan de legislatura.