03 ene 2015 . Actualizado a las 04:59 h.
La acusación a la que la jueza titular de la sala número 2 se refiere en sus diligencias consiste en un episodio de apropiación indebida. Se trata, de acuerdo con la auditoría realizada por la propia gestoría en la que trabajaba la mujer que se quitó la vida, de una cantidad próxima a los 170.000 euros que pertenecían a 26 comunidades de vecinos de Vilagarcía y su entorno. El dinero desapareció de sus cuentas, depositadas en tres entidades bancarias que libraron el pago de una serie de cheques en los que, necesariamente, se falsificó la firma de los presidentes de los portales afectados. Se supone que los cobros los realizaron dos individuos. Los bancos, el seguro y la administradora serían responsables civiles.