El conocido como Plan E llenó la provincia de enormes carteles que anunciaban otras tantas obras. El Gobierno de Zapatero pretendía, de este modo, reactivar la economía y solo un ayuntamiento ourensano renunció al dinero ofrecido por el Estado. Se trata del Concello de Os Blancos, que perdió los 114.161.37 euros que le habrían correspondido porque uno de los requisitos para acceder a esa financiación era elaborar un plan económico-financiero que la crítica situación de ese ayuntamiento hizo imposible convertir en realidad. El Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe en el que destaca esa circunstancia y también decenas de anomalías en la gestión que los concellos ourensanos hicieron del Plan E. Los más importantes que son cuestionados en ese documento son los de Verín y Xinzo de Limia.
Del verinense, el órgano fiscalizador, destaca, por ejemplo, que varios de los proyectos financiados con cargo a ese programa tenían un objeto similar o complementario. El municipio instaló contenedores subterráneos en las calles Constitución y Galicia sin utilizar un solo proyecto y lo mismo ocurrió con dos obras de mejora en el saneamiento. En lo que respecta al Concello de Xinzo, el Tribunal de Cuentas cita a su gobierno municipal por no incluir el criterio del precio en la baremación de seis de sus contratos. Lo mismo ocurre con un proyecto de Rubiá y otro de San Xoan de Río.
Uno de los principales objetivos del Plan E era la generación de empleo y, por tanto, uno de los más graves incumplimientos sería no contratar al número de trabajadores comprometidos. En la provincia de Ourense, esta circunstancia solo ha podido ser comprobada en una obra del Concello de Melón. Finalmente, el Tribunal de Cuentas destaca a las entidades que no tenían una condición especial de ejecución en sus contratos de obra y en ese apartado aparecen tres ourensanas: A Veiga, Leiro y Paderne de Allariz.
Por otro lado, dos proyectos del Plan E (ejecutados en la mayor parte de los casos hace más de cinco años) continúan pendientes de liquidación. Corresponden al Concello de Vilamartín. El Estado transfirió más de 200.000 euros a ese Ayuntamiento y aún no ha liquidado esos proyectos pero el Tribunal de Cuentas explica que el Ministerio no ha aclarado los motivos.