El cierre del matadero de Pontevedra y la suspensión de su actividad se materializó el 30 de abril, víspera del festivo del 1 de mayo. Las discrepancias entre la Xefatura Territorial de la Consellería de Sanidade y el gerente de la concesionaria Carnifex, Juan José Iglesias, fueron notorias desde el primer momento.
La Xunta afirmó que la auditoría que motivó el cierre se había comunicado a la empresa en febrero y no hizo nada. Un día después de la decisión de Sanidade, la empresa hacía público un escrito en el que anunciaba una reclamación contra la Administración y afirmaba que no es cierto que en la instalación existiera algún tipo de irregularidad que justifique el cierre cautelar, que conllevó también el precinto de las cámaras frigoríficas. Esto bloqueó en el matadero durante una semana más de cien terneros que ya habían pasado los controles y habían sido sacrificados.
Carnifex calificó de «manifiestamente ilegal» el acuerdo adoptado por Sanidade, y anunciaba acciones judiciales al entender que se habían vulnerado «de forma flagrante» sus derechos, los de sus trabajadores -que entonces eran 19- y los de sus clientes. La adjudicataria subrayaba que la actuación de Sanidade ponía en peligro la supervivencia de la empresa y la continuidad de la plantilla, «generando un perjuicio irreparable no solo a Carnifex, sino a nuestros clientes y a todo el sector cárnico de la provincia». Acusaba también a la Administración de poner en entredicho el buen nombre del sector, y remachaba que en el matadero de Pontevedra siempre se habían sacrificado los animales y conservado con plenas garantías sanitarias.
En este sentido, Carnifex aludía a la acreditación de los dos veterinarios, funcionarios de la Xunta y adscritos al matadero, que todos los días supervisaban la actividad y declaraban la carne apta para el consumo humano, autorizando su venta.