Que un tipo acusado de agresión sexual, con antecedentes por un delito similar, y que afrontaba una posible condena de 13 años de cárcel, safe con dos años de prisión que ni siquiera llegará a cumplir, resulta indignante. Acaba de ocurrir esta semana en la Audiencia de Pontevedra.
Un acuerdo entre el abogado del procesado y el fiscal del caso, posibilitó ese atajo que enfadó, con razón, a la víctima de la agresión, una ciudadana brasileña afincada en Pontevedra. Lo normal sería atacar el papel del ministerio público. En este caso, encarnado por el fiscal Benito Montero, un buen tipo al que tengo el placer personal de conocer desde hace años y de cuya integridad no dudo.
Seguro que después de la propia mujer víctima del ataque, también Montero se sintió desagradado por el desenlace del caso. Pero tenía las manos atadas porque el sistema garantista de nuestros procedimientos judiciales, se volvió en contra de una prueba de ADN, recogida voluntariamente al sospechoso, pero sin la necesaria presencia de un letrado. Una chapuza ocurrida en la investigación que echó por tierra la posterior acusación.
Ejemplos como este representan fallos en el sistema policial-judicial, que está obligado a acreditar un funcionamiento impecable en un ordenamiento democrático, para garantizar juicios justos y condenas acordes. Lo contrario hace mucho daño a la confianza de la ciudadanía en una de las instituciones que aún permanece mejor valorada frente al desplome de otras.