La Administración de Justicia, pilar básico del Estado de Derecho, sobre la que se apoya nuestro sistema de derechos y garantías, es fruto de la lucha continuada de todos los pueblos, de nuestro pueblo. Se nos está arrebatando este sistema de garantías. Atacan servicios públicos esenciales. Con la Ley de Tasas pasamos de un servicio público costeado con los impuestos a una Justicia para ricos, con los mismos impuestos y además unas tasas impeditivas para la mayoría.
La consecuencia es la disminución de los asuntos por su encarecimiento. Esto se traducirá en una disminución de los órganos judiciales. Está cerca la eliminación de la Justicia de Paz y los partidos judiciales. Consecuencia también es que una empresa deudora nos pueda forzar a rebajar el importe de la indemnización o deuda con la amenaza de que si acudimos a sede judicial, nos saldrá más caro. Hablamos de un efecto disuasorio para la mayoría. Y se pagan de forma lineal, paga lo mismo una multinacional que una familia, una multinacional que un estafado por las preferentes.
Cuantos estamos en contra de la Ley de Tasas, defendemos la independencia judicial, el libre acceso a la Justicia, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y su control por el Poder Judicial, el Estado social y democrático de derecho, un sistema de servicios públicos servidos por funcionarios formados e independientes, luchamos por el derecho a la tutela judicial efectiva.