Suspendidas 131 órdenes de expulsión de mujeres explotadas
31 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Defensor del Pueblo ha enviado a Lugo a su asesora de inmigración y asuntos exteriores, Elena Arce, para conocer cuál es la situación en la que se encuentran las más de cien mujeres que fueron víctimas de la esclavización sexual a la que fueron sometidas por la red descabezada en el transcurso de la operación Carioca. Esta experta se reunió ayer con la jueza instructora del caso, Pilar de Lara Cifuentes y también con representantes dela ONG Aliad Ultreia que dispensa atención a las víctimas. Un total de 131 ordenes de expulsión de mujeres afectadas, que se encontraban en situación ilegal, fueron suspendidas.
La situación de las mujeres es dispar. Algunas malviven con escasos ingresos y tienen incluso que recibir ayuda alimenticia de alguna organización. Otras, consiguieron trabajos fuera del mundo de los clubes de alterne y hay una parte que siguió relacionada con la prostitución como única alternativa para ganarse la vida. Son de diversas nacionalidades pero, preferentemente, brasileñas.
La mayoría de las afectadas consiguió permisos de residencia, si bien de carácter temporal y están a la espera de que se resuelvan los expedientes que están en la Secretaría de Estado de Seguridad para lograr la residencia por un plazo de tiempo superior. Esta gestión está sufriendo dilaciones.
«La institución del Defensor del Pueblo -informaron ayer desde Aliad Ultreia- mostró en numerosas ocasiones su preocupación por las afectadas y, finalmente, decidió conocer de primera mano el estado de las mujeres perjudicadas. La visita formó parte del marco de las relaciones institucionales y de coordinación entre entidades que el Defensor lleva a cabo con la finalidad de mejorar la situación de ciertos colectivos».
El informe del Defensor, titulado La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, recoge que, El Defensor del Pueblo está realizando un seguimiento de la situación del procedimiento penal a través Fiscalía General del Estado que ha informado de que hay once testigos protegidos, y se han suspendido ciento treinta y una órdenes de expulsión. Asimismo, la Fiscalía destacó que se ha instado de las administraciones competentes autorización de residencia y trabajo a algunas de las víctimas, por lo que el Defensor del Pueblo está realizando un seguimiento de la situación de estos expedientes administrativos, según recoge el aludido informe referido al año pasado.
Aliad dio cuenta, por otra parte, de que con motivo de dar una mayor visibilidad al tema de la trata, hoy tendrá lugar en Santiago una jornada en la que participará Elena Arce, así como representantes de varias organizaciones, entre ellas Aliad Ultreia que tiene desde 2010 un programa de ayuda a víctimas de explotación sexual.