El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, dio cuenta ayer a la junta de gobierno de la entidad de las novedades judiciales que se han producido en los últimos días sobre los ajustes de personal aplicados por el gobierno provincial. Además de las dos sentencias ya conocidas que certificaron la existencia de cesión ilegal de trabajadores, informó de otra más, en este caso de un empleado cedido al Concello de Oímbra que ha optado por continuar como personal de ese Ayuntamiento.
Por otro lado, la junta de gobierno estudió los casos de Jesús González Quintela y de María del Mar Conde Seco, cuyos despidos han sido declarados improcedentes. Tras escuchar los informes del secretario y del presidente sobre el tema, en el segundo de los casos la Diputación aún tiene que decidir si recurre o no, aunque el portavoz del PP en la institución, Plácido Álvarez, apuntó que lo más probable es que no haya recursos y se paguen las indemnizaciones.