La ciudadanía no está nada contenta con la Justicia, tema que en Vigo adquiere si cabe más relieve por el retraso en la dotación de los medios necesarios para su labor. Los que no conocemos los entresijos del poder judicial nos sorprendemos con dos ejemplos de sentencias de conformidad: uno que afecta a Unió el socio de Convergencia en Cataluña, con una expectativa de rebaja sensible de la pena inicialmente solicitada, y el otro de Vigo, conocido por Las 5 Jotas, por la mayor red de fraude fiscal en Galicia, cuyos responsables han abonado el principal de su deuda con Hacienda y ahora negocian la rebaja de la multa, además de evitar la cárcel para los culpables.
Estos acuerdos entre acusadores y acusados rechinan para el ciudadano medio, que añade un fundamento más para sospechar que la justicia no es igual para los poderosos y los pobres. Aunque las sentencias de conformidad son piezas legales y quepa conformarse, desde la opinión pública, con que alguna vez los que han hecho un desaguisado devuelven una cantidad más o menos próxima a la que se supone que han retenido.
Aun así, la aplicación de tales fórmulas de exoneración de cárcel no deja de llamar la atención, cuando en casos mucho menos graves la gente va a presidio por temporadas más o menos largas. Es una variante de la tan cacareada lucha antifraude: al que paga puntualmente no podía sentarle bien que los que no cumplieron con su obligación solo abonaran el 10 % de las cantidades defraudadas y afloradas. Lo más sorprendentes es que la comisión de expertos que trabaja en la modificación del Código Penal parece que sugieren que las sentencias de conformidad se puedan aplicar en más casos que actualmente.
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