El vigués David Reboredo se pudre en A Lama mientras cinco mossos de esquadra, condenados por lesiones, torturas, maltrato y detención ilegal, acaban de ser indultados por el Gobierno. La Justicia ha probado que los agentes detuvieron por error en 2009 a un ciudadano, al que insultaron, agredieron y amenazaron de muerte, introduciéndole una pistola en la boca para que confesase un robo que no había cometido.
Aunque los jueces recomendaron que no se les concediese el indulto, el Gobierno ha hecho oídos sordos y ha liberado de su pena a los cinco agentes, que ya están reintegrados a sus puestos.
El indulto ha indignado hasta a la propia judicatura. Doscientos jueces firmaron un manifiesto oponiéndose a la gracia. Pero Ruiz Gallardón ha hecho oídos sordos. Se sospecha que, con el fiasco de la gestión económica, al Gobierno le interesan estos escándalos pedestres tanto como los fuegos que cada día aviva el ministro Wert.
El Gobierno lleva este año 468 indultados, de los que 9 cometieron delitos de prevaricación. Lo mínimo exigible sería que ya que puede utilizarlos para estar por encima de la ley, al menos justifique sus decisiones. Por ahora, no se exige. Y goza de esta prerrogativa de origen medieval con total arbitrariedad.
Tal es el caso del vigués de David Reboredo, que hace una semana ingresó en A Lama sin que el Gobierno se haya interesado por su caso. Cuando es tan popular que su padre lleva recabadas más de 44.000 firmas pidiendo el perdón para su hijo.
Reboredo, ex toxicómano, hoy rehabilitado, y colaborador de varias organizaciones sociales, debe cumplir siete años de cárcel porque, hace seis años, en su infierno personal, fue detenido con dos papelinas de heroína que no sumaban ni medio gramo de droga. Mientras grandes delincuentes, entre ellos narcotraficantes, gozan de perdones y prebendas, no hay perdón para los miserables. En Justicia, también hay clases. Y, desde ahora, con las tasas de Gallardón, habrá además dos justicias. La del que pueda pagarla y la del que no.
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