Un decreto del gobierno gallego obliga a las diputaciones a asumir la financiación y coordinación de servicios sociales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Para adaptarse a la nueva normativa, la institución ourensana ha puesto en marcha un programa de asistencia técnica, económica y jurídica para los concellos de la provincia. En él establece dos líneas de ayudas cuya cuantía para cada entidad se hizo pública ayer. El sistema de reparto, que establece criterios objetivos en función de la población y de la situación de cada ayuntamiento y mancomunidad, no ha dejado satisfechos a todas las entidades.
Cinco han renunciado por diversos motivos a recibir las subvenciones de la Diputación. Se trata del Concello de A Veiga, que ni siquiera se ha adherido al programa, y de los de Larouco, Petín, Vilamartín de Valdeorras y Xunqueira de Espadanedo, que renunciaron a las subvenciones específicas creadas para la financiación del servicio de ayuda en el hogar.