Una de las causas de la actual crisis económica fue el excesivo peso de la economía del ladrillo y los enormes movimientos especulativos asociados, de los cuales las compañías constructoras propiedad de los grandes bancos y de las cajas de ahorros obtuvieron enormes beneficios, pero también generaron gran parte de esos enormes agujeros financieros que ahora nos toca a todos pagar. Hubo más causas, pero todos sabemos que esta fue una de las más importantes. Poco a poco, los continuos manifiestos de ecologistas, científicos y políticos responsables preocupados por el futuro de nuestro litoral fueron generando un cambio de opinión, y su gestión responsable se convirtió en un reto prioritario. Las sucesivas leyes fueron asegurando progresivamente la protección del frente costero, la conservación de las áreas naturales o al menos de las mejor conservadas, y se garantizó un sistema legal para que las concesiones privadas pudieran revertir al dominio público una vez acabado el período de concesión. Cuando todo parecía asegurado, cuando la crisis ya había paralizado la urbanización litoral, cuando este empezaba a mostrar una mejor salud, una nueva normativa elimina las cautelas anteriores y vuelve a mostrar la cara más permisiva de la política de ordenación territorial, pero también el rostro más triste para quienes pensamos que el interés del bien común -en este caso del medio litoral- no debe sacrificarse a los intereses económicos de quienes habían vulnerado las leyes o que habían construido de manera irresponsable a lo largo de la costa española. No es extraño que ya esté circulando un manifiesto científico para intentar salvar el litoral ante el ataque de esta nueva normativa que solo beneficia a los que antes lo habían destruido. No es una buena noticia y sobre todo no es una buena manera de entender el territorio. Entre todos debemos evitar que tales disposiciones lleguen a tener vigencia. Forma parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad global.