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Las notas de reparo que el interventor del Concello de Ourense ha puesto a diferentes facturas tramitadas en la Concellería de Cultura dieron ayer lugar a que el edil Miguel Abad, del PP, reclamase a la responsable de este departamento, la nacionalista Isabel Pérez, una mayor claridad en la gestión.
«Non é normal que se repitan as mesmas queixas do interventor sen que lle poñan remedio, como ben podían facer, e que sigan mirando para outro lado unha e outra vez sen facer caso ás advertencias de ilegalidade», afirma Abad Vila.
El concejal popular se interesó, concretamente, por las facturas para el próximo concierto de Os Resentidos, que costará a las arcas municipales 35.400 euros y se contrata mediante procedimiento negociado sin publicidad, e invitando exclusivamente a la empresa Fankani Produccións S.L para organizarlo. Comparó la edila del BNG esta tramitación con la que sería exigible si se quisiese contratar a un artista como Joaquín Sabina, que obligaría a negociar la actuación con su representante. Aclaró que actuarán diecisiete grupos y la entrada al concierto costará seis euros.
En cuanto a los 75.000 euros a Sarabela Teatro, corresponden a la producción de su montaje «Tango», dada la condición de grupo residente del Auditorio.
Asistencias de sonido
El tercer reparo del interventor que fue objeto de estudio en la junta de área de Cultura corresponde a un paquete de veintidós facturas, por cantidades comprendidas entre los 118 y 2.271 euros, por asistencias técnicas de sonido en el Auditorio Municipal de Ourense. Los pagos suman un total de 17.682 euros y corresponden al año 2011.
Advierte el interventor que sus reparos tienen como origen la inobservancia de los procedimientos legales establecidos para la contratación por parte de la administración pública.
Tanto en estos casos, como en el resto de los pagos que se ven frenados por el interventor cuando este advierte irregularidades formales de distinto tipo, sendos decretos del alcalde de Ourense han permitido levantar los reparos con el fin de amparar los «lexítimos dereitos» de los contratantes y proveedores que se relacionan «de boa fe» con la administración, según la fórmula que incorpora cada uno de los decretos.