El alcalde tratará de impedir la cesión de competencias al ente metropolitano para retrasar su puesta en marcha real
14 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Hay mecanismos para ello». Caballero no se anduvo por las ramas el pasado miércoles ante la aprobación de la ley del Área Metropolitana de Vigo que rechaza. Y tampoco la Xunta, que anunció que irá a los tribunales si intenta bloquearla. En este contexto de crisis política aguda, ambas partes tienen diseñadas sus estrategias y tratan de anticiparse a las del contrario. De hecho, algunas medidas ya se ejecutaron meses atrás, cuando nadie siquiera las relacionó con la puesta en marcha de un ente metropolitano.
Esta misma semana alguien en el PP recordó que en noviembre, de manera sorpresiva, Caballero había prorrogado el contrato de Aqualia, la concesionaria del agua y el saneamiento de Vigo, y por ello también asunto clave para otros varios municipios. La gestión del agua es una de las tres piezas fundamentales del Área Metropolitana y la existencia de concesiones son un factor decisivo a la hora de introducir cambios en la gestión.
En una primer análisis podría pensarse que Caballero tratará de retrasar la implantación del Área Metropolitana boicoteando su constitución. Para ello cuenta con la llave que le otorga la propia ley que crea el ente metropolitano, la cual encarga al alcalde de Vigo la convocatoria de la asamblea inicial. Sin embargo, las fuentes consultadas creen improbable que tal situación se produzca: sería un incumplimiento flagrante de una ley vigente, lo que podría tener graves consecuencias tras una casi asegurada denuncia.
Recámara judicial
Para abortar esta hipotética medida desde el PP se mentó ese mismo día el recurso a los tribunales si el alcalde de Vigo adopta acciones de carácter obstaculizador que bordeen la legalidad. Seguramente ello no quiere decir que los populares esperen este atranco; simplemente quieren dejar claro que la ley se va a cumplir y que pondrán todos los medios para que así sea.
Mucho más complicado será conseguir que el Área Metropolitana llegue a tener competencias si Vigo se opone. El sistema en este caso será similar al complejo proceso aplicado para trasnformar el estado centralista español en el actual de las autonomías. Fueron más de dos décadas en las que cada competencia fue negociada por una comisión de transferencias donde ambas partes debían llegar a un acuerdo en lo básico: medios humanos a transferir y los correspondientes recursos económicos.
Aquí ocurrirá lo mismo y las competencias fundamentales residen en Vigo. Es el caso del transporte o de los residuos urbanos, pues si bien Vigo aporta el 62% de los habitantes, su nivel de servicios nada tiene que ver con los demás municipios incluso viéndolos de manera agrupada.
Para llegar a ese momento será preciso esperar. De momento, a que se publique la ley en el Diario Oficial de Galicia (segunda quincena de abril), otro mes más para que entre en vigor y un margen posterior de 30 días para que cada concello elija a sus concejales metropolitanos. A mediados de junio el proceso puede estar concluido, y a partir de ese momento Caballero dispondrá de otros dos meses para convocar la asamblea. Si agota el plazo, y nada hace prever lo contrario, al filo de septiembre el Área Metropolitana echará a andar.
Y mientras nace el nuevo ente desaparecerá, a lo largo de lo que queda de año, su antecesora, la Mancomunidad de Municipios que ya está aletargada.