La comisión de investigación anunciada ayer por Carlos Negreira está prevista en la Ley de de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su artículo 145 se prevé que la Administración competente, en este caso el Ayuntamiento, que hubiese tenido que indemnizar a los lesionados por una actuación, «exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca».
Esta comisión de investigación estará conformada por dos funcionarios municipales, que serán designados instructor y secretario de la misma, y de sus avances se dará cuenta a los distintos grupos políticos a través de la comisión de asuntos generales, en la que están representadas las cuatro formaciones.
La depuración de responsabilidades por las indemnizaciones de Someso es una de las reivindicaciones clásicas del PP, que la reclamó con insistencia en la oposición, aunque en los últimos meses se había caído de la agenda e incluso el nuevo gobierno justificó hace meses la conveniencia de aplazarla hasta que se acordara un calendario de pagos con los afectados por la expropiación, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegal por el cambio de usos del suelo que se aprobó posteriormente.
Sin embargo, ni el acuerdo con los expropiados ni la comisión de investigación cerrarán el expediente del caso Relámpago, ya que además de los 8,2 millones en indemnizaciones ya firmes, existen otros catorce pleitos pendientes de resolución que podrían elevar el montante total de las compensaciones a los 20 millones, según el gobierno local.