Las Administraciones están instaladas en el haced lo que yo digo pero no lo que yo hago. Así tuvimos gobernantes socialistas que escupían vocablos a favor de la educación pública y gratuita pero que tenían a sus hijos en colegios de pago. Y así tenemos ahora a algún miembro del ejecutivo de Rajoy al que se le llena la boca defendiendo la familia y los valores de la educación tradicional, pero que luego se olvida de coger la baja a la que toda madre trabajadora tiene derecho para dedicar el tiempo a su hijo en los primeros meses de vida. Hasta ahí, la cosa tiene un pase. Porque aunque el ejemplo que dan sea para sangrar y no echar gota, solo afecta a sus vidas. El problema llega cuando quienes mandan aplican como método de trabajo esa contradicción entre lo dicho y lo hecho.
En teoría, las Administraciones velan para que los trabajadores estén en las mejores condiciones. Pero cuando los cuartos para los contratos estables tienen que salir de la propia Administración la teoría hace aguas. Y así pasan cosas como las de los grupos municipales de intervención rápida, que tienen a profesionales que llevan más de una década contratados nueve meses al año y en el paro otros tres. ¿Por qué actúan así? Las razones no hay que buscarlas solo en lo que cuesta mantener contratados todo el año a los trabajadores. A los políticos no les va mal teniendo a operarios que deben tragar con carros y carretas porque, claro, cada nueve meses pasan una reválida. Y la práctica debe gustar en todos los partidos, porque en los últimos años por la Xunta y la Diputación pasaron gobiernos de distinto signo y la cantinela del Grumir siempre es la misma.
Jugar con la estabilidad laboral de estas personas es un insulto a todos los ciudadanos. Si los Grumir son necesarios, que estén siempre operativos. De lo contrario, deberían haberse eliminado ya. Quitar la tirita duele, pero no se puede tapar una herida que cada vez sangra más.