El polvorín del Sánchez Aguilera

Un nuevo incendio en el edificio abandonado del aparcamiento de Ferrol urge una salida a la okupación de unas instalaciones pendientes del convenio con Defensa


La Voz

Aún huele a quemado. Una bombona de butano calcinada y un tubo de ventilación derretido en un burdo orificio practicado la pared son testimonio del último incendio del Sánchez Aguilera. El suelo de la estancia principal del edificio que a duras penas se levanta en el aparcamiento de tierra es todo hollín. Allí se hacinan los restos que no consumió el fuego: trozos de placa desprendidos del techo, restos de colchones y su amasijo de muelles, el armazón ennegrecido de lo que parece haber sido un sofá, puertas, tableros y otros restos de difícil identificación.

Suma así un nuevo incidente al largo historial de problemas de un inmueble okupado que se ha convertido en un polvorín. En él, estuvo a punto de perecer en octubre del 2018 uno de los okupas que residía en uno de los habitáculos sin ventanas. En esta ocasión no hubo heridos, pese a que desde el Concello de Ferrol se confirma que el origen de lo ocurrido fue una hoguera de escasas dimensiones que habrían prendido personas que habitan de forma irregular el lugar, pero que, según la información recogida, ya no estaban allí en el momento de la extinción.

La Policía Local acudió ayer a revisar el inmueble y constató que no había ningún okupa en su interior. Y el gobierno local señala que si se detecta de nuevo la presencia de personas se dará conocimiento a Servicios Sociais. La solución definitiva pasa por la ejecución del convenio con Defensa, que no acaba de llegar y que permitirá actuar al Concello sobre esta y otras parcelas.

Defensa instó al desalojo de los okupas hace un año

Aunque ahora los vestigios de okupación son inferiores a hace un tiempo, el edificio muestra signos de la presencia esporádica de residentes. Defensa instó hace un año al Concello a desalojar a los okupas, apelando al convenio firmado en 2015 -todavía sin ejecutar- y que descargaba sobre la administración local la responsabilidad sobre las propiedades entregadas para su mantenimiento y custodia. El anterior gobierno local tramitó el desahucio, pero la presencia de okupas continuó. Una familia portuguesa residió allí desde el 2016 hasta hace poco, mientras una cadena con candado blinda una puerta en el bajo, que impide comprobar si una pareja que acumulaba ocho años de inquilinos ilegales sigue viviendo en el lugar.

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