Un Real Decreto-ley es una forma de legislar por parte del Gobierno que, según el artículo 86.1 de la Constitución, se limita a casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es un procedimiento con límites en el que, además de concurrir esa extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar a instituciones básicas; a derechos, deberes y libertades…
«Lo han hecho todos los Gobiernos y si sirve para beneficiar a la ciudadanía se seguirá haciendo, porque el Gobierno no está en funciones». Este es ahora el argumento que vienen empleando el PSOE y los adláteres de Pedro Sánchez para justificar su decisión de seguir aprobando modificaciones legislativas de significativo calado político mediante decretos leyes aún con las cortes disueltas por el adelanto electoral. Todo ello a pesar de que antes de llegar al Gobierno Pedro Sánchez prometía limitar el uso del decreto-ley, criticando que Rajoy convertía una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria para legislar hurtando a las Cortes Generales su función.
Al Gobierno de Sánchez se le han ido de las manos los acuerdos de aquella moción de censura que lo llevó a la presidencia con tan solo 84 diputados, sus socios para llegar al poder lo han dejado naufragar y han hecho patente su incapacidad para gobernar otorgando a España la legislatura más estéril de nuestra democracia. Y todo ello el Gobierno de Sánchez lo pretende paliar por decreto, nada menos que 32 en nueve meses, usados de manera escandalosamente partidista, y es que ningún presidente hasta ahora, había aprobado decretos ley de carácter puramente político con las cámaras disueltas. Hasta el final, sin pudor alguno y con las cortes disueltas, la vicepresidenta Calvo, que ha vuelto a sustituir a la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros, ha ratificado que el Gobierno va a seguir aprobando decretos que comprometen gastos serios. Estas serán semanas en las que todo serán cálculos tras la encuesta del CIS o más bien de la desvergüenza tramposa que viene haciendo regularmente Tezanos, otra más de las piezas que ha ido colocando Pedro Sánchez en puestos claves del Estado para que sirva a la máquina electoral del PSOE que él encarna y pagamos todos los españoles.