Propietarios de las Fragas do Eume solicitan la retirada del plan rector

Piden un nuevo documento, que garantice un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico, y participación real en el proceso


A CAPELA / LA VOZ

La Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas del Eume y otros titulares de terrenos, representados por la letrada Pilar Martínez, solicitan la retirada del documento de inicio del Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) del parque natural, publicado en el Diario Oficial de Galicia del pasado 7 de diciembre, y la elaboración de un nuevo texto, con participación «real y efectiva» por parte de los afectados. Y reclaman a la Administración autonómica que tenga en cuenta todos los derechos previamente consolidados de los propietarios y fomente un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el «necesario» desarrollo socioeconómico de la zona.

En las alegaciones remitidas a la Consellería de Medio Ambiente, la abogada sostiene que el procedimiento de inicio para redactar el PRUX «nace viciado de nulidad, al incumplir las normativas de participación pública y de acceso a su contenido, además de haber perdido vigencia la propia declaración del parque natural y su reconocimiento como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC), por incumplir los plazos establecidos en las diferentes normativas».

En el texto se recuerda que la legislación fija un plazo de dos años para elaborar el PRUX tras la declaración de parque natural, que se remonta a 1997, por lo que hoy «resulta obsoleta cualquier evaluación sobre las exigencias de protección y conservación, como ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, igual que las condiciones económicas, sociales y culturales, y las particularidades locales o regionales que en su día llevaron a declarar el parque o proponer el LIC o la ZEC».

Consulta a los interesados

Este colectivo reprocha a la Xunta que no haya sido consultado antes de someter a participación pública el documento, «por ser muy representativo, tanto por el número de socios como por el terreno que les corresponde». Apunta que hay planes de gestión en otras comunidades que han sido anulados por incumplir la normativa, que obliga a «incluir trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de los afectados».

Martínez advierte, además, de que «no consta la publicación de mapas del espacio protegido para que los ciudadanos puedan identificar, sin lugar a dudas, si sus parcelas están afectadas». Incide en que cualquier plan que se apruebe ha de ir acompañado de una memoria económica y en que la Constitución avala «la utilización racional de los recursos naturales, garantizando el principio de solidaridad y el derecho a la igualdad, por lo que el instrumento de gestión no debe suponer el estrangulamiento económico de la zona». La letrada reitera que «hay personas que viven de los recursos naturales y de la tierra, y este tipo de norma marca una restricción absoluta, y eso hay que compensarlo o buscar alternativas [...], con medidas eficaces y necesarias, justificadas jurídica y científicamente».

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