Sin duda la crisis demográfica es uno de los problemas más graves que vive España. Aunque muchos países europeos se encuentran en una situación parecida, en algunos ya se advierte una ligera recuperación fruto de las políticas llevadas a cabo desde hace décadas. Por eso observo, con el máximo interés y un cierto optimismo, cómo la demografía ha pasado a ser uno de los asuntos prioritarios en los objetivos del Gobierno español y también de algunas CC. AA. Entre ellos, el de la Xunta. Y es de justicia reconocer que, a pesar de la complicada situación económica, el conselleiro Rey Varela, desde el mismo momento de su toma de posesión, ha adquirido un compromiso muy firme con las políticas de ayuda a la familia y a la recuperación demográfica. Valoro positivamente lo que la Xunta propone como líneas básicas de esas políticas. Pero creo que hay un aspecto que no se coloca en el lugar que debería corresponderle: la dimensión cultural del problema. Fueron muchos los años, y muy potente el mensaje, en los que la defensa de la maternidad se consideraba de derechas y un obstáculo muy fuerte para la plena incorporación de la mujer a la vida laboral, que lo era y aún lo es, pero por la falta de un proyecto coherente y valiente que proponga medidas concretas para devolver a la maternidad y a la paternidad su consideración de valor social, cuya defensa merecería rango de derecho a proteger, eliminando los obstáculos que impiden su pleno desarrollo. Alguno de esos obstáculos tiene mucho que ver con la escasa valoración social y la mínima defensa que, desde los poderes públicos y foros de opinión, se hace, por ejemplo, de las familias numerosas. Parece que temen que esa defensa se identifique con los premios de natalidad del franquismo y a la mujer o al hombre que deciden romper la barrera del hijo único o de la parejita, como sujetos sospechosos de algún tipo de enajenación no definida, cuando tendrían que ser «especie protegida».