El Gobierno dejó dormir en un cajón durante once meses el preacuerdo de convenio colectivo que había firmado en Madrid con CC.?OO. y UGT con la férrea oposición de los trabajadores del naval ferrolano. Desde octubre del 2013, la urgencia con la que quería dotarse de un nuevo marco de relaciones laborales se esfumó de repente y centró su preocupación en apagar los fuegos de las cuentas de los astilleros que bordeaban el crac y en desenmarañar un contrato, el de Pemex, que era ya una auténtica patata caliente. En la primavera, el anuncio, previo a unas elecciones, de dos nuevos buques para la compañía -que por cierto siguen sin tener contrato sellado- dio un poco más de oxígeno a un naval que no logra salir de la UCI.
Pero no fue hasta julio cuando demostró que tenía una hoja de ruta para los astilleros, que, abiertamente, no entra en sus planes consensuar con los representantes de los trabajadores ni parece que explicar, pese a tratarse de una empresa pública. Consumado el traspaso de la gestión y planificación de la empresa al Ministerio de Defensa, llegó la urgencia por desempolvar ahora el convenio, aprobarlo a toda costa aún cuando algunos interlocutores sociales -los favorables- estaban desligitimados para ello. Y eso sí, cargándose el compromiso de no aplicar ningún ajuste de empleo. ¿Barra libre para el siguiente hachazo al sector?
Hace pocos meses que desde Ferrolterra se advirtió de que no se consentiría una nueva reconversión en los astilleros gallegos. Paren las máquinas. El show está a punto de empezar.