Tienen su empleo asegurado. Son, en su mayoría, funcionarios de media y alta calificación profesional. Sus salarios no reposan en la parte baja de la tabla. Su labor goza del aprecio y el respeto social. Y, aun así, no dudan en movilizarse, en manifestarse, en expresar de forma estentórea su malestar. Son los médicos y sanitarios del hospital Arquitecto Marcide, que denuncian el programa del Gobierno de desguace de la sanidad pública y el cierre masivo de camas hospitalarias en verano. Se involucran en defensa de una sociedad más justa, de una administración de los recursos públicos decente, de una sanidad más eficiente para todos. Y entre tanto, la sociedad por la que se parten el pecho los observa con desinterés y desgana. Apenas unos pocos ciudadanos secundan sus acciones, la mayoría, también los que despotrican contra la sanidad pública apoyados en la barra de un bar, los ve con indiferencia. Los vendedores del mercado de Caranza llevan años clamando por una reparación de las instalaciones. Si logran su objetivo no van a aumentar el margen de beneficio de las zanahorias, ni vender más caras las chuletas, ni elevar el precio de los jureles. Van a seguir facturando como hasta ahora, pero los vecinos podrán proveerse de viandas en unas condiciones de dignidad de las que ahora carecen. Su calidad de vida mejoraría. Pues bien, ¿cuántos vecinos apoyan en la calle cada manifestación de los placeros? Pocos. El resto, como si el asunto no fuese con ellos. Si en cuestiones que atañen directamente a la vida cotidiana estas son las respuestas, qué cabe esperar del comportamiento de una sociedad así en unas elecciones europeas.