Nuestros micro problemas cotidianos merecen escasa atención. Solo se habla de lo macro. Asuntos como: la luz, el gas, el teléfono o algunas decisiones administrativas nos obligan a enfrentarnos a reclamaciones, telefónicas, en Internet o en los registros de las administraciones sin que se nos de solución alguna. Pero nos hemos resignado a ese espacio de diálogo con los sin rostro. Se parapetan detrás de un ordenador o de un teléfono que, por su funcionamiento, acaba desquiciándonos. El recibo de la luz es el paradigma de todos los despropósitos. Jamás entenderemos su cuantía.
No hay en nuestro ordenamiento jurídico una legislación que garantice los derechos del consumidor de modo efectivo. Las reclamaciones, con independencia de la vía por la que se efectúen, son el caso más flagrante de indefensión.
Que te emiten un recibo erróneo de tasas o impuestos, primero paga y luego reclama; que no te admiten en un ciclo de FP por un error administrativo, reclama que finalizará el curso sin respuesta? ¿No es esta una forma de flagrante indefensión que, por desgracia, afecta especialmente a quienes tienen menos capacidad de defensa?
Urge una normativa que garantice rapidez, eficacia y reparación. Si no es así sobran oficinas y organismos que cuestan un pastón. De este modo se eliminarán prácticas como que para consultar en Internet cuál es el teléfono gratuito de Gas Natural Fenosa, nos remitan a un número en el que, solo el establecimiento de llamada, cuesta 3,91 euros.