Habíamos convenido que la proximidad en política es un valor esencial para el conocimiento -y, en su caso, el remedio- de los problemas de los ciudadanos. Vivíamos en la creencia de que los ayuntamientos, por ejemplo, en tanto que los entes político-administrativos más inmediatos, sabían de nuestras cuitas y les procuraban alivio o lo intentaban honestamente. Asimismo, dábamos crédito al supuesto de que las diputaciones provinciales corregían las penurias y disfunciones de los concellos pequeños. Y qué decir de las autonomías, ese gran invento nacido en la República y sacralizado constitucionalmente en la Transición: eso sería un salto en el tiempo, un bálsamo de Fierabrás, una fractura histórica, el derecho a decidir, nos haría dueños de nuestro futuro y permitiría reescribir nuestro pasado, etcétera. Vivíamos, si no felices, al menos modestamente satisfechos de haber logrado una superestructura a la altura de las complejidades de la vida moderna. Pero, de repente, hete ahí que llegan unos señores diputados en el Parlamento Europeo, allá en la lejana Estrasburgo nada menos, se dan un paseo por la ribera de A Gándara, aspiran el aroma de la bajamar y nos dicen que nos estamos envenenando poco a poco en el albañal de la ría. Como Rasputín, pero sin el consuelo de otras desmesuras del clérigo ruso. Vaya, vaya, pero, entonces, qué hacían -qué hicieron durante decenios- esas proverbiales instituciones tan cercanas, tan próximas y que tanto velaban por el bienestar de los ferrolanos, para que no nos intoxicásemos.