Cuatro personas se sentarán en el banquillo de los juzgados de lo Penal de Ferrol este mes acusadas de delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. El fiscal sostiene que en el club de alterne Rebeca, situado en San Román, en la carretera de Cedeira a Ortigueira, se forzó a varias chicas a prostituirse. La vista oral había sido señalada para hace varios meses, pero se pospuso hasta ahora.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los encausados son Zelia Díaz dos Santos, Ramón Rodríguez Digón, Ana María Arguaga Fraga y Marino Casal Rodríguez.
Captadas en Brasil
A partir de mayo del 2005, añade el acusador, el establecimiento, en lugar de un negocio de hostelería como oficialmente se decía, se utilizó para el ejercicio de la prostitución. Se captaban chicas en Brasil con este fin.
Estas mujeres, aunque sabían a lo que se iban a dedicar, «aceptaban debido a la situación económica y social verdaderamente difícil que atravesaban en su país».
Ellas entraban en calidad de turistas con la esperanza de que en el período legal correspondiente podrían regular su situación en España para dedicarse a otra cosa.
La operación para traerlas a España se hacía con el método que entonces se permitía en la frontera española por medio de una carta de invitación para una estancia de tres meses.
Más tiempo
De todo ello se ocupaban parte de los acusados o sus testaferros, dice también el Ministerio Público. Les abonaban el billete de avión y una vez en los aeropuertos de Madrid, Vigo o A Coruña eran trasladadas directamente al club. Tenían que entregar una parte de los ingresos que obtenían por prostituirse, en concepto de devolución de los gastos y beneficios. Estaba establecido un régimen de multa o sanción y una encargada controlaba los horarios y servicios prestados por las chicas.
En julio del 2006 fuerzas policiales, con autorización judicial, realizaron una entrada y registro. Fueron identificadas quince chicas, seis de las cuales estaban en situación irregular en España. La policía intervino documentación contable, dinero y otras pruebas.
El fiscal pide condenas de hasta nueve años de cárcel por los referidos delitos más multas de 24 meses a razón de 20 euros diarios.
Dos mujeres actúan de testigos protegidos en el proceso.