Urbanismo espera llegar a las elecciones con los terrenos ya expropiados, cuyo plazo de alegaciones concluye hoy
29 abr 2011 . Actualizado a las 13:09 h.El pleno ordinario de fin de mes celebrado ayer en el edificio consistorial no será el último de este mandato. Al menos esa es la intención del gobierno municipal, que prevé convocar una nueva sesión extraordinaria a lo largo del mes de mayo para aprobar definitivamente el plan de expropiaciones de las 22 propiedades que se han visto afectadas por el plan especial de dotaciones que regulará la instalación del nuevo centro de salud de Narón.
Se trata de un solar que será reunificado al pie de la carretera de Castilla, frente a la urbanización residencial Las Torres de la antigua finca de Cerámicas de Arzúa, entre los barrios del Alto y Freixeiro. Un espacio que se aproxima a los 14.000 metros cuadrados en los que, a mayores de la construcción del inmueble sanitario, se urbanizará con nuevas calles de acceso y dotará de una zona de aparcamiento libre de la que carece el actual centro de salud.
Según informaron fuentes del departamento de Urbanismo, el plan expropiatorio ya fue aprobado de manera inicial, y se encuentra en período de alegaciones. No obstante, ese plazo vence hoy y, por el momento, no se ha cursado reclamación alguna por escrito. Desde el minuto cero el gobierno municipal indicó que la prioridad sería la de negociar con los propietarios de las parcelas, dentro del procedimiento en marcha de tasación conjunta.
Hay una partida reservada para hacerse con ese suelo de 558.400 euros. De estos, una parte importante se destinará a la adquisición de un edificio de tres plantas que se incluye dentro de ese ámbito. Está previsto que cada uno perciba unos 105.000 euros por planta, a excepción del bajo, valorado en 47.389 euros.
Hasta el momento, se cuentan con los dedos de una mano los propietarios que se han sentado a negociar unas condiciones distintas. El resto seguirá el procedimiento expropiatorio que, una vez votado en un nuevo pleno, será definitivo y el Concello podrá disponer del suelo para cederlo a la Xunta y que sea la Administración autonómica la que ejecute la obra.