Son los tribunales españoles intocables, inmaculados, fuera de toda sospecha? ¿Sus autos, sentencias y resoluciones quedan fuera de toda crítica de los humildes mortales? ¿Nadie puede poner en cuestión -dentro de los cauces democráticos y la libertad de crítica- sus decisiones? En ninguna parte de la tradición democrática (corta, es cierto) consolidada española, al menos en lo que va quedando como poso para las nuevas generaciones, aparece que ante cualquier auto judicial haya que callar la boca. Hasta el propio juez que se coloca en el fiel de la balanza, entre dos posiciones, suele decir, como colofón a sus sentencias, que son apelables, criticables ante una instancia superior. Recurribles razonablemente ante un tercero porque en su propia decisión está el germen de la duda. Por eso no acabo de entender la decisión de la Fiscalía General del Estado, que dirige el hijo de un juez que tuvo destino en Ferrol y cuyo busto en su memoria está en la escalinata interior de los juzgados de Ferrol, pues por eso, digo, las diligencias contra el Concello de Ferrol, por mostrar apoyo al juez Garzón, parece más una decisión de trámite, camino del archivo, que una posición con visos de prosperar. Es cierto que la crítica a los jueces, magistrados y tribunales debe hacerse por cauces pacíficos y sin atacar su independencia. ¿No se pone en solfa la monarquía, incluso hasta cuestionar su existencia? Impedirlo sería regresar a la vieja doctrina de la dictadura de Franco del desacato, de lesa patria y estupideces por el estilo. Lo mismo que establecer prohibiciones al cuestonamiento de los tribunales de justicia. Es como aquello de que la crítica tenía que ser constructiva : Había multa (o prisión) por afear la conducta de un alcalde o un militar, ya no digamos de nuestro convecino dictador. ¿Y quién definía lo que era crítica constructiva? Pues sí, era en un periodista, el ministro Fraga, y en otros ámbitos la autoridad gubernativa o militar, por supuesto.