Vivimos tiempos difíciles y la solución de los problemas no parece cercana por muchos brotes verdes que queramos descubrir en la maraña de la crisis en la que estamos instalados. Pocas son las certezas que pueden orientar la actuación de los gobernantes y de las autoridades económicas, pero alguna hay. La primera es que es imprescindible reducir el gasto público.
Durante los años de bonanza se gastó con una alegría cercana a la inconsciencia. En mi época de concejala siempre me sorprendió la naturalidad y la frecuencia con la que los ciudadanos, algunos como miembros de una asociación, otros a título individual, acudían al Ayuntamiento de Ferrol a pedir ayudas para fines que en muchos casos nada tenían que ver con actividades destinadas a mejorar la vida colectiva.
Lo mismo sucedía con la petición de locales para asociaciones vecinales o culturales, centros cívicos, pistas polideportivas, etcétera. (Algunas de estas instalaciones hoy cerradas o cubiertas de hierba)? A todo esto, que sigue sucediendo, hay que añadir el progresivo desatino de la política de contratación de personal que dinamitó los esfuerzos de las corporaciones de los noventa para racionalizar el peso de los gastos de personal sobre el presupuesto municipal. Se contratan asesores, funcionarios de empleo, interinos, etcétera. y las horas extraordinarias siguen teniendo una cuantía escandalosa que los sindicatos consienten aún sabiendo que no son legales y, además, vulneran el derecho al trabajo de quienes están en paro.
A pesar de la exigencia de una reducción del gasto público seguimos oyendo anuncios de proyectos de inversión que incrementarán el gasto corriente y cuya principal finalidad es alimentar el ego del político de turno. Al ciudadano hay que contarle la verdad y decirle que la fiesta terminó y al gobernante recordarle que todo lo que gasta sale del bolsillo del contribuyente y no del suyo, por lo que no hay que «devolvérselo».