Álvaro García Ortiz, fiscal coordinador de Medio Ambiente, se propone que la Justicia califique de delito el haber secado más de tres kilómetros de lecho del río Eume desde hace medio siglo, y que, una vez identificados, sus autores sean sancionados. De coronar con éxito el empeño de la Fiscalía, es de suponer que desencadenará otro proceso para resarcir a la sociedad de los daños causados por esta salvajada contra la naturaleza derivada inevitablemente de una concesión de la dictadura a Fenosa para aprovechar en su exclusivo beneficio (que se sepa, los usuarios de la energía eléctrica generada por el salto de Eume la llevan pagando desde hace cincuenta años) un recurso natural de todos. Debemos de felicitarnos por ello y desear que el juzgado prosiga la iniciativa del señor García Ortiz. El laureado ingeniero Luciano Yordi de Carricarte, autor del proyecto de la presa de doble curvatura de 103 metros de altura, en la que se emplearon 225.000 metros cúbicos de hormigón, falleció en 1978. No podrá aclararnos, pues, si a su audacia técnica unía sensibilidad ambientalista: al parecer, la concesión franquista que pulverizó los salmones del Eume no obligaba a mantener un caudal ecológico. De hecho, uno de los pilares del ordenamiento jurídico que sirve de base al fiscal es la Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial, y el Reglamento de Ordenación de la Pesca Fluvial y de los Ecosistemas Acuáticos Continentales, de 14 de mayo de 1997, que precisa las irregularidades y sus sanciones. La protección del medio ambiente es un asunto incómodo para los gobernantes porque la naturaleza es caprichosa y guarda tesoros allí donde los empresarios espabilados ven negocio, y ya se sabe que los emprendedores avispados se mueven rápido y su llamémosle simpatía llega a seducir a los políticos de quienes dependen las concesiones de los bienes públicos. Pues a ver si esta vez, aunque sea cincuenta años después, se repone la dignidad, ya que no la diversidad perdida. Amén.