Uno de los principales desacuerdos entre las administraciones implicadas es el modo de financiación con el que se abordará el nuevo servicio. Tras la firma del protocolo de agosto del 2006, los concellos de Ferrol y Narón acordaron repartirse los costes que supondrá la ampliación de plantilla para dar servicio a una población de 150.000 habitantes, en una extensión algo superior a los 500 kilómetros cuadrados. Mientras Xunta y Diputación habían acordado sufragar a partes iguales el 80% de los costes de construcción y equipamiento de un nuevo inmueble, la urbe naval se encargaría de los sueldos de la plantilla actual y del 20% restante del nuevo emplazamiento. Por su parte, Narón correría con los gastos de mantenimiento del nuevo edificio, y aportaría el 20% de la ampliación de plantilla, así como el plus salarial derivado de elevar la cobertura de actuación del equipo. No obstante, a pesar de que el segundo de los ayuntamientos sucumbió ante esta sugerencia de la Dirección Xeral de Protección Civil, el desacuerdo continúa hasta tal punto de comparar a Narón con el resto de municipios integrados en el consorcio provincial de parques comarcales de bomberos. Tanto Narón como Ames son los únicos concellos de A Coruña con más de 20.000 habitantes y que aún deben abonar los servicios que realizan desde los municipios contiguos de Ferrol y Santiago. En el resto de casos, el propio consorcio participado por Xunta y Diputación se hace cargo de todos los gastos. Esta herencia del anterior Gobierno autonómico es el plan que parece seguir la Consellería de Presidencia, con la excepción de Ferrol. De hecho, Méndez Romeu, ha lanzado un proyecto para comarcalizar los parques de toda Galicia y que ninguna población se quede sin servicio. El mismo recoge que los concellos sólo abonarán un 20% de la fase de construcción y equipamiento, quedando el 100% del funcionamiento de los parques en manos de las administraciones gallega y provincial.