Por primera vez, la autoridad judicial de la comunidad rechaza un recurso de Defensa La sentencia es firme, no recurrible y exige al Estado que pague el coste del procesoEl alcalde apela en una carta a José Antonio Alonso a que se resuelva el conflicto
23 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El pulso que desde hace cuatro años mantienen Concello y Ministerio de Defensa por el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del astillero de la ciudad -hoy Navantia- se inclinó ayer un poco más hacia la administración municipal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la primera autoridad judicial de la comunidad, comunicó ayer a las dos partes la desestimación de un recurso presentado por el Estado al cobro de ese impuesto, relativo al del ejercicio 2003. Son 337.116 euros más intereses de demora lo que solicita el gobierno municipal, pago que alegó primero el ministerio ante el Contencioso de Ferrol y que perdió; y recurrió de nuevo ante el TSXG, que ha ratificado lo mismo. Esta sentencia es la cuarta que recibe Defensa contra su negativa a pagar el impuesto. Pero con una diferencia: por primera vez ésta no es recurrible, según detallaba ayer el alcalde de Ferrol y corroboraban luego las fuentes consultadas. «Es algo de justicia para Ferrol», dijo Juan Juncal una vez conocido el fallo del alto tribunal gallego. Estudiado el contenido de esa sentencia, el primer edil aprovechó para remitir una carta -por vía postal y por fax- al responsable de Defensa, el socialista José Antonio Alonso. «Creo que ha llegado el momento de regularizar definitivamente la situación», le dice Juncal al ministro en la sexta comunicación que remite el alcalde a Madrid por este mismo tema. «En vista de esta sentencia, creo, señor ministro, que su departamento debe proceder a abonar definitivamente la deuda contraída con nuestro Ayuntamiento», prosigue el regidor ferrolano. La suma asciende a más de 2,1 millones de euros por los ejercicios económicos comprendidos entre el 2002 y el 2006, con los intereses de demora. La sentencia del TSXG entra además en el fondo del asunto sobre el que se sustenta el litigio entre Ferrol y Madrid: si ha de pagar el astillero porque tiene rendimiento económico, como requiere el Ayuntamiento; o no por estar afecto a la Defensa nacional, como mantiene el Gobierno central. El Tribunal Superior dice hacer suyos los argumentos del Concello, «y no podemos acoger» las disposiciones del apelante, es decir, el Estado. Argumentación Entre otros argumentos, el Tribunal Superior estima que el caso de Izar -como se llamaba en el 2003- es una «cesión temporal» y no una «concesión administrativa», que implica un cambio en el régimen de pagos y que obliga a ese tributo. También que el título de ocupación de Izar es anterior a la Ley 33/2003 sobre Patrimonio de Administraciones Públicas, que determina el régimen de cesión y concesión, y también que el recibo del 2003 impugnado se expidió con anterioridad a dicha ley. El fallo conocido ayer, aunque dictado el 22 de noviembre del 2006, obliga además al Estado a que pague las costas de todo el proceso judicial.