Palao dijo al Congreso en diciembre que la demanda se había planteado al cambiar el Gobierno El ministerio insiste en sugerir a Del Real que busque capital privado para la obra
28 abr 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?n un brusco cambio de discurso, el Gobierno central acaba de reconocer que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao no comenzó a solicitar la segunda fase de los muelles de Caneliñas en abril del año pasado, a raíz del cambio de inquilino en la Moncloa, sino que lo viene haciendo desde el 2003, cuando el Partido Popular todavía se encontraba en el poder. Así lo admite abiertamente en una respuesta parlamentaria oficial fechada en Madrid hace 24 días y hecha pública ayer a través del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). La citada contestación pone en evidencia el testimonio del secretario general de Transportes, Fernando Palao, ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso, en su sesión del 1 de diciembre. En ese foro, el alto cargo ourensano llegó a insinuar que el presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel del Real, no había reclamado al ex ministro Álvarez Cascos autorización administrativa para contratar la obra, y que había comenzado a demandarla a raíz de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en los comicios del 14-M, debido a supuestos intereses partidistas, azuzado por el Ejecutivo gallego (PP). «Es designado por la Xunta y tiene además la mayoría en el consejo de administración. Quizás esto explique de alguna manera algún cambio de actitud», declaró. No obstante, el documento incluido ayer en el BOCG supone sólo una marcha atrás relativa en el argumentario de Madrid, pues el departamento de Magdalena Álvarez se mantiene en sus trece de estimar innecesaria de momento la segunda parte de la dársena exterior, pese a haberse agotado el suelo disponible en la primera. Insiste en sugerir al equipo de Del Real que, si realmente entiende tan fundamental el proyecto, busque dinero para él (33 millones) fuera de la esfera pública. «[Se permitiría], dada la existencia de instrumentos normativos suficientes, si fuera el caso, la participación del sector privado en la generación de nuevas infraestructuras portuarias, pues de esta manera estaría garantizada tanto la demanda de tráfico como la financiación de las instalaciones», puede leerse en la respuesta parlamentaria.