?as organizaciones nacionalistas BNG y CIG estiman que el plan del Gobierno para reestructurar los astilleros públicos provocará que el sector naval pierda unos 3.000 empleos en la ría ferrolana. Ese cálculo, que incluye el impacto que va a tener el proyecto tanto sobre las plantillas de Izar como sobre la industria auxiliar, lo dieron a conocer ayer responsables de ambas formaciones, en una rueda de prensa conjunta. Las dos mantienen para el día 16 la convocatoria de una manifestación en la ciudad contra las intenciones del Ejecutivo porque, a su juicio, no se han producido avances en la negociación que justifiquen lo contrario. De hecho, la CIG inició ayer, repartiendo 3.000 folios en la antigua Bazán, una campaña en defensa de la movilización. Esa postura contrasta con la adoptada por los sindicatos mayoritarios, que han renunciado a utilizar la vía de la protesta, al menos hasta comprobar qué cláusulas incluye el borrador de acuerdo que los dirigentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les presentarán en Madrid los días 13 y 14, en sendas reuniones. Desencuentros de este tipo se están produciendo en otras regiones de España. Por ejemplo, las centrales vascas ELA y CAT acaban de anunciar para el lunes que viene la celebración de un encierro en la factoría de Sestao, acto que CC.?OO. y UGT consideran inoportuno. De hecho, la actualidad que rodea a Izar parece toda teñida de claroscuros. Ayer coincidieron en el tiempo dos noticias de naturalezas opuestas. Mientras la Armada firmaba la orden de ejecución de 12 lanchas de de-sembarco, pedido que mantendrá ocupados a 68 operarios de la factoría de Puerto Real durante el período 2005-2007, el Gobierno admitía en el Congreso que la compañía pública renunció en abril a construir dos gaseros (con opción de cuatro más) para la armadora General Maritime porque, si hubiese aceptado el contrato, se habrían generado pérdidas tan cuantiosas que provocarían la quiebra inmediata del grupo. La existencia de esta frustrada operación ya había sido reconocida extraoficialmente por fuentes de la SEPI en julio. También ayer, los diputados Arsenio Fernández de Mesa (PP) y Francisco Rodríguez (BNG) exigieron en el Parlamento medidas para preservar los astilleros de la ría.