El documento también carga contra la fusión de los astilleros civiles y militares que diseñó y desarrolló el PP Sostiene que los obreros de Bazán y Astano tienen una cultura de empresa diferente
16 ago 2004 . Actualizado a las 07:00 h.Desde que el 12 de mayo estalló la grave crisis de Izar, los miembros del Ejecutivo central (PSOE) han venido defendiendo en sucesivas declaraciones a la prensa que la situación actual es culpa del Partido Popular, tanto por haber inyectado fondos al sector a sabiendas de que eran ilegales como por haber fusionado los astilleros civiles y militares. El informe gubernamental sobre el futuro del sector recoge estos argumentos, pero también pone de relieve un factor omitido en las manifestaciones de Solbes y compañía: el fracaso de los anteriores planes de reestructuración del naval, diseñados y ejecutados por socialistas. «No lograron que los astilleros públicos civiles, englobados en la DCN [antigua División de Construcción Naval], alcanzasen las condiciones de viabilidad para poder funcionar con el nivel normal de ayudas permitido por las disposiciones comunitarias», concluye el citado documento en su página 15. La primera de esas reconversiones (período 1984-1987) provocó la pérdida de 16.721 puestos de trabajo directos en 16 centros del país. En dos de ellos, los de Ferrol y Fene, se destruyeron 5.313 empleos, o sea, una tercera parte del total, como puede comprobarse en la tabla de datos adjunta. El dosier del Gobierno atribuye a cinco motivos principales y cuatro secundarios el hecho de que el proyecto Izar, con 622 millones de euros de déficit acumulado en apenas un cuatrienio, haya terminado naufragando. En dicha relación figura destacado el siguiente enunciado: «Dificultad para alcanzar las sinergias previstas derivadas de las grandes diferencias de cultura empresarial entre las dos compañías [las viejas Bazán y AESA]». Además, imputa el desastre a que parte de las expectativas comerciales en el mercado de la industria de guerra no se llegaron a materializar, y al «incremento de la presión de los agentes sociales para homogeneizar a máximos las condiciones retributivas y laborales» de los operarios.